Tribuna Política
Por: Ebel Ricardo Solano Siciliano
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isentir de la opinión de la contraparte y tener la
posibilidad de argumentar es lo que caracteriza a una democracia, que a partir
de ese ejercicio se construya entre todos una mejor sociedad, donde se respeten
las diferencias, es lo que la hace grande y la convierte en el sistema político
anhelado por la mayoría de los seres humanos.
En Colombia la constitución de 1991 permitió que
se abrieran los espacios de participación, antes de ella, como antecedente de
exclusión, yacía el Frente Nacional, un pacto para repartirse el poder, un
arreglo malsano donde nadie distinto a los partidos políticos de siempre podía
participar. A partir de la nueva carta magna, nuestro país es distinto, hoy la
izquierda, que históricamente se ha considerado así misma relegada, y que de
hecho lo fue, tiene un sitial de honor en el gobierno de los entes
territoriales y aún en el cogobierno del país, desde el Congreso de
Aquí, desde esta Tribuna, lo hemos manifestado en
más de una oportunidad y no nos cansaremos de seguirlo haciendo: Los
colombianos no podemos aceptar que ningún actor político, desde la orilla del
pensamiento democrático en el que se encuentre, no repudie, de manera
vehemente, el comportamiento irracional de quienes atentan con sus acciones
contra el pueblo, sean de izquierda o de derecha. Así, la cosas, el país en
este tema tiene que polarizarse y exigir que se alineen con la
institucionalidad y sus mecanismos democráticos o lo hagan abiertamente y sin
ambages retóricos con la delincuencia genocida.
El primer argumento que debemos esgrimir, los que
estamos del lado de la institucionalidad, es que nuestro país no enfrenta un
conflicto armado, sino una amenaza terrorista proveniente del narcotráfico. La
diferencia entre aceptar el primer escenario o no, implica que con el primero
se reviste de estatus político las acciones demenciales de los grupos
“salvajes” que mancillan la dignidad del pueblo y con el segundo se les
despoja, de tajo, de la posibilidad de amparar sus acciones contra la humanidad
en la vaguedad que implica la figura del “delito político”.
La razón para sustentar el hecho de que los
colombianos enfrentamos una amenaza narcoterrorista y no un conflicto armado,
estriba en que la parte alzada en armas no ostenta la representación de un
sector amplio de la población, sí así lo hicieran los caminos democráticos ya
están construidos y el éxito del Polo Democrático Alternativo es prueba
suficiente de ello, por lo que quedaría abolida, de facto, la estrategia
armada. Un segundo argumento guarda estrecha relación con el primero y tiene
que ver con que al quedarse sin piso argumental la lucha armada, deben buscarse
las razones de su continuidad, necesariamente, en el medio que hace posible que
se perpetúe, es decir, el narcotráfico; por lo que, de manera lógica, podremos
inferir que ya no se trata de una guerra por granjearse espacios de
participación en la democracia, sino en un mecanismo para defender su actividad
delictiva. Siendo así las cosas, si a lo anterior sumamos los medios
abiertamente terroristas que utilizan para hacerse notar y demostrar su fuerza
_recordemos que el terrorismo es una sucesión de actos de violencia que se
caracteriza por inducir terror en la población civil de forma premeditada_,
habremos, desde todo punto de vista, culminado nuestra exposición argumental y
podremos justificar abiertamente que vivimos una amenaza narcoterrorista.
Imbuidos ya, como estamos, en el convencimiento de
que la figura de la amenaza narcoterrorista es la que mejor describe nuestra
situación, no encuentra sentido discutir la relevancia del delito político,
como herramienta de negociación; mucho menos, si tenemos presente que estamos
inmersos en un mundo en el cual ya no se acepta la impunidad para los delitos
de lesa humanidad.
Dejarnos meter el cuento que vivimos un conflicto
armado, sería el principio, por medio del cual los amigos del “delito
político”, aprovecharían para embarcarnos en un espiral de impunidad
históricamente inaceptable y estratégicamente equivocado, por cuanto no nos
conduciría a la reconciliación nacional. Mucho más equivocado, aún, si tratan
de beneficiar sólo a las fuerzas de la extrema izquierda, como desde ahora
argumentan, desconociendo la amplitud del delito de “lesa majestatis”, que ya
para el Digesto, incluía acciones contra el pueblo o contra la seguridad
pública, requisito que llenan de sobra las autodefensas y sino que le pregunten
a sus víctimas.
Finalmente,
el mensaje que queremos dejar es claro, pero aún lo haremos más diáfano para
los que se nieguen a entenderlo: Ni para las fuerzas de la extrema izquierda,
ni para las de derecha, la adopción del delito político como velo que tape las
transgresiones cometidas contra la humanidad, es válido desde ningún punto de
vista. La CPI no la va a permitir y nosotros los colombianos de bien no lo
podemos aceptar. Muy distinto, en todo caso, lo planteado por la controvertida ley de “Justicia, Verdad y
Reparación” y sin embargo, dudamos de que sus resultados anulen la jurisdicción
de los llamados a juicio de